La Business Judgment Rule (BJR), presentada a menudo como una de las doctrinas más influyentes en el Derecho de Sociedades estadounidense, establece que los tribunales no revisarán el mérito de las decisiones empresariales adoptadas por los directores/consejeros mientras éstas se hayan tomado de buena fe, sin conflictos de interés, sobre una base informada y con un propósito racional. En teoría, se trata de una regla procesal destinada a proteger la discrecionalidad de la administración societaria; en la práctica, sin embargo, su alcance ha sido objeto de interpretaciones divergentes y algunas confusiones normativas.
Una lectura influyente entiende a la BJR como un estándar atenuado de responsabilidad: los directores/consejeros responderían sólo en casos de negligencia grave, mala fe o frente al incumplimiento del deber de lealtad. Otra, defendida por Stephan Bainbridge (2019) sostiene que la BJR debe concebirse principalmente como una doctrina de abstención judicial. Es decir, para el profesor de UCLA, no es significativa de que los jueces revisen con indulgencia las decisiones del directorio/consejo, sino que, salvo circunstancias excepcionales, simplemente no las revisan.
La distinción descrita en el párrafo anterior no es menor. Si la BJR es un estándar de responsabilidad, los tribunales conservan cierto margen para evaluar la razonabilidad sustantiva de las decisiones societarias. Si, en cambio, es una doctrina de abstención, la función judicial queda estructuralmente limitada, donde el juez se retira del campo decisional y preserva la autoridad de la administración de la sociedad. Bainbridge (2019) opta decididamente por esta segunda concepción. Desde su teoría de la director primacy, la BJR es el mecanismo central mediante el cual el Derecho de Sociedades resuelve la tensión interna y rendición de cuentas. La empresa moderna requiere un centro decisional claro; ese centro es el directorio/consejo, no los accionistas ni los tribunales. Permitir que los jueces reevalúen ex post las decisiones corporativas implicaría erosionar esa autoridad y convertir al gobierno corporativo en una forma de administración judicial indirecta. En ese sentido, la BJR no busca blindar a los directores/consejeros como individuos, sino preservar la arquitectura institucional de la sociedad.
Este enfoque se apoya en argumentos clásicos, como lo son la idea de que los jueces no son expertos en negocios; lo elevado del riesgo de sesgo de retrospección, y que la amenaza de responsabilidad podría desalentar la toma de decisiones arriesgadas pero socialmente valiosas. Estudios más recientes han agregado otros fundamentos económicos: la BJR reduce costes de agencia, evita dinámicas de lobby interno y permite que el directorio/consejo conserve su rol estratégico sin verse forzado a una supervisión microgerencial permanente (Badawi, 2023).
Hasta aquí parece todo claro. Pero vale la pena profundizar más, agregando la crítica de David Yosifon (2018) a lo que denomina «la falacia de la indiferencia normativa». Es decir, confundir la dificultad práctica de hacer cumplir un deber con la inexistencia del deber mismo. Que los administradores puedan ocasionalmente «salirse con la suya» bajo el amparo de la BJR no significa que el Derecho les haya otorgado carta blanca para abandonar la primacía del accionista. Es un error lógico equiparar impunidad ocasional con autorización judicial. La BJR (en específico por operar como una doctrina de abstención) genera una zona de opacidad institucional. Dentro de esa niebla (particularmente en los hard cases, donde la racionalidad corporativa es débil o se construye ex post mediante narrativas simples como la ESG) pueden producirse desviaciones fácticas respecto del mandato normativo predominante en el Derecho Comparado.
Así las cosas, el problema surge cuando la abstención judicial se reinterpreta como pluralismo normativo, siendo esa reinterpretación donde el discurso contemporáneo sobre «Corporate Purpose» precisamente encuentra su comodidad. Al contrario de dicha tesis, la BJR busca resguardar la soberanía de decisión del directorio/consejo, impidiendo que el juez reemplace el criterio empresarial con una evaluación retrospectiva del mérito económico. Pero esa deferencia estructural no implica una neutralización del mandato fiduciario, sino que únicamente una restricción del control judicial. El margen de discrecionalidad que emerge de esta abstención no debe confundirse con una habilitación sustantiva para redefinir el propósito de la empresa, y así ha quedado claro (al menos en la jurisprudencia estadounidense) cuando el conflicto se vuelve explícito, como en los casos Revlon (1986) y eBay v. Newmark (2010).
Cabe tener presente que el fenómeno tratado no es exclusivo del Derecho anglosajón. En Chile y España, por ejemplo, aunque no exista una BJR formalizada al estilo de Delaware y ambos sistemas operen desde tradiciones más formalistas, la revisión judicial del mérito económico de las decisiones de la administración sigue siendo excepcional. Los deberes de diligencia y de lealtad se formulan en términos amplios, pero los tribunales evitan sustituir el criterio empresarial por el judicial.
Mientras el Derecho español ha optado por una positivización de la regla de la discrecionalidad empresarial en el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, el ordenamiento chileno carece de una formulación equivalente. Con todo, una construcción funcionalmente semejante puede extraerse del deber general de diligencia del artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, complementado por el deber de información del artículo 46 del mismo cuerpo legal. En ambos sistemas, el eje del control judicial no debería situarse en el acierto económico de la decisión, sino en la corrección del proceso decisorio. En consecuencia, de facto opera una lógica similar a la BJR y por tanto el riesgo es el mismo: interpretar esta deferencia como pluralismo normativo, cuando el marco legal continúa orientado principalmente a la maximización de valor para los accionistas.
La conclusión es incómoda para muchas narrativas contemporáneas, especialmente la que se encuentra en la literatura sobre stakeholders en donde se llega a afirmar que los directores/consejeros bajo el pretexto de la BJR pueden legítimamente balancear intereses de accionistas, trabajadores, consumidores o comunidades sin jerarquía predeterminada: la BJR no neutraliza la primacía del accionista, sólo hace que su enforcement sea excepcional.
En otras palabras, la BJR no es una puerta abierta al relativismo corporativo o al pluralismo societario sin fines. Es un mecanismo que separa deliberadamente decisión y revisión, protegiendo la autoridad del directorio/consejo sin redefinir su orientación jurídica. Confundir eficiencia institucional con indeterminación del gobierno corporativo equivale a leer una técnica de minimización de costes de agencia como si fuera una teoría del «Corporate Purpose».
Felipe J. Castro A. 