El debate sobre la permanencia o eliminación de las notarías en Chile (avivado nuevamente, tras la revelación de unos chats en que un notario arremete contra el uso de la Firma Electrónica Avanzada) no sólo involucra cuestiones jurídicas o administrativas, sino que plantea un desafío económico fundamental: ¿cómo optimizar la asignación de recursos en la provisión de seguridad jurídica?
Desde la lupa del Análisis Económico del Derecho (AED), este sistema, heredado de la tradición civilista continental, puede evaluarse en términos de eficiencia, costes de transacción y externalidades, ofreciendo una mirada crítica que trasciende la retórica dogmática tradicional. El aporte de esta perspectiva, sumada al enfoque comparado, puede permitir dar mayor riqueza a la discusión al problematizar de manera interdisciplinar una cuestión latamente tratada por la academia en Derecho, los operadores jurídicos y los encargados de políticas públicas.
En su origen, como institución, las notarías surgen para reducir los costes de transacción en economías con alta incertidumbre jurídica, garantizando la autenticidad de actos y contratos mediante la fe pública. Sin embargo, en el Chile actual, este rol enfrenta cuestionamientos por una multiplicidad de variables. Los costes asociados (monetarios como temporales) representan una carga significativa para los agentes económicos, especialmente para los de menores ingresos. Siguiendo el marco teórico de Ronald Coase (1960), un sistema eficiente minimiza estos costes para facilitar las transacciones de la población. Las notarias chilenas, con su estructura monopolística limitada por plazas fijas y designaciones discrecionales, generan altas rentas económicas para los notarios pero a su vez imponen ineficiencias de mercado al restringir la competencia1.
La digitalización ofrece una alternativa clara frente a este problema. En particular, la Firma Electrónica Avanzada (objeto de la reciente polémica), regulada por la Ley 19.799, tiene el potencial de reemplazar funciones notariales simples como, por ejemplo, la autenticación de firmas y la emisión de copias certificadas a un coste marginal cercano a cero. Con todo, actos complejos como compraventas de inmuebles de gran cuantía aún requerirían supervisión por un ministro de fe para evitar fraudes, lo que sugiere que la eliminación total de los notarios podría aumentar los costes de litigiosidad ex post. Esto último constituye un trade-off crucial para el diseño institucional, respecto al cual el AED puede ayudar a ponderar.
Es evidente que el sistema notarial chileno genera externalidades negativas. El difícil acceso para las personas de rentas mas bajas y las irregularidades que han salido a la luz en el último tiempo erosionan la confianza en las instituciones2. Para Guido Calabresi (1970) ese tipo de externalidades justifican la actuación del Estado para internalizar costes, ya sea mediante la regulación (a través de la apertura de plazas notariales, modificaciones al sistema de designación, revisión en la fijación de precios, etcétera) o la sustitución (por plataformas 100% digitales). Ahora bien, los defensores del sistema podrían argumentar que, sin perjuicio de los problemas existentes, los notarios crean una valiosa externalidad positiva: la reducción de la incertidumbre jurídica, un bien público que el mercado privado no provee con igual eficacia. La pregunta es si esta ventaja compensa los costes actuales del sistema registral o si el uso de las tecnologías modernas no podrían replicarla incluso más eficientemente.
Mirando el escenario comparado en esta materia, España refleja una apuesta por la profesionalización aunque a un coste elevado. Los notarios españoles, seleccionados por oposición, operan en un mercado regulado que limita la competencia, generando consecuencias similares a las de Chile, aunque en apariencia con una mayor legitimidad meritocrática. Desde el AED, puede decirse que este sistema (al igual que el chileno) maximiza la calidad de las transacciones a expensas de la accesibilidad, pero con mayor transparencia. Dicho equilibro podría conseguirse en el país sudamericano si se reformara el acceso a las plazas de las notarías y redujera las tarifas mediante la competencia controlada.
En contraste a lo que sucede en la península ibérica, el modelo estadounidense adopta una lógica de mercado notablemente más desregulado. Los «notary public» son certificadores básicos, accesibles y baratos, pero su rol limitado traslada los costes de seguridad jurídica a los tribunales y a la litigación privada. Así las cosas, en Estados Unidos se privilegia la flexibilidad y la reducción de costes iniciales, pero se incrementan los costes futuros en un sistema de common law donde los jueces resuelven la incertidumbre. Para Chile, un país de tradición latina (al igual que España), imitar esta opción podría ser inviable sin una profunda y radical reingeniería orgánica al sistema.
Eliminar las notarías completamente sería un error si no se considera la función de reducción de costes de transacción que aún desempeñan, a pesar de todo. Tomando en consideración todo lo expuesto, y a partir de un razonamiento propio del AED, se pueden plantear diversos puntos sobre los cuales reflexionar para una reforma: digitalizar funciones rutinarias bajo una plataforma estatal o de bajo coste; mantener notarías para actos de alta complejidad (definidas por la cuantía o agentes económicos involucrados), pero con un mercado más competitivo y transparente; e, introducir incentivos para que los notarios reduzcan las tarifas y que se respeten las fijadas por arancel (por ejemplo, por medio de la aplicación de impuestos progresivos sobre sus ingresos).
Resumiendo, el sistema notarial chileno es un vestigio institucional que, aunque funcional en su tiempo, hoy impone ineficiencias que no se pueden ignorar. La experiencia extranjera demuestra que no hay una solución universal sobre este tema, pero sí elementos que dependiendo el contexto mejorarían la actividad. Reformar, más que abolir a los notarios, parece el camino más racional para conseguir un equilibrio entre eficiencia y seguridad jurídica, minimizando el coste social y maximizando el bienestar agregado.
Según un estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (2018), para el periodo 2015-2017, la renta promedio del notario chileno era superior o igual a 14 millones de pesos mensuales, mientras que los que cumplían funciones en la comuna de Santiago Centro alcanzaban los 24 millones de pesos mensuales.
2Un caso emblemático es el ocurrido en 2011 en donde escrituras públicas incluían poderes firmados por personas fallecidas que permitieron ventas fraudulentas. También en 2024 salieron a la luz acusaciones de favorecimiento en nombramientos de notarios.
Felipe J. Castro A. 