El activismo accionarial (shareholder activism) ha emergido como uno de los fenómenos de más interés en el Derecho de Sociedades moderno, reconfigurando las relaciones entre los accionistas y la administración de una empresa. Por medio de estrategias de participación activa, los accionistas buscan influir en las decisiones de las sociedades, y su impacto ha sido particularmente visible en las últimas décadas a medida que inversores institucionales y hedge funds han aumentado su protagonismo.
Este activismo se refiere a los comportamientos emprendidos por los accionistas de una sociedad cotizada que, al no estar conformes con la gestión o rumbo estratégico de la empresa, utilizan alternativamente su poder de voto, emiten propuestas formales o ejercen presión pública para promover cambios. Actualmente, dichos cambios pueden abarcar desde modificaciones en la estructura de capital, la táctica de negocios e, inclusive, la remoción de los miembros de la administración.
Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del empresario estadounidense Carl Icahn en Apple Inc., quien habiendo adquirido una participación de la sociedad (llegando a alcanzar un 1%) exigió a ésta que aumentara su programa de recompra de acciones en caída para maximizar el valor de los accionistas. El multimillonario argüía que la empresa tenía un exceso de liquidez no productivo que debía devolverse a los inversores. La presión empleada llevó a que Apple Inc. implementara un programa más agresivo de recompra de acciones y de canalización de efectivo para apaciguar a Icahn, quien ya en esa época tenía una reputación de «despiadado tiburón financiero» por tener una actitud beligrante en las sociedades en las que participaba.
El activismo accionarial encuentra su fundamento teórico en la teoría de la agencia y en los principios de gobierno corporativo. Según la teoría de la agencia, existe una separación entre la propiedad (accionistas) y control (administradores) de una empresa, lo que puede generar conflictos de intereses. Es sabido que los administradores, como agentes de los accionistas, tienen el deber de actuar en el mejor de su interés. No obstante, en la práctica corporativa, pueden tener incentivos para tomar decisiones que los beneficien más a ellos mismos o que apunten a la consecución de otros objetivos, en detrimento de los intereses de los accionistas. De este modo, el activismo accionarial podría funcionar como mecanismo correctivo del problema principal-agente en cuestión.
La preocupación principal sobre este tópico radica en si el enfoque in comento fomenta la creación de valor sostenible o, en contraste, genera una obsesión por los retornos a corto plazo. Los críticos afirman que los accionistas activistas, especialmente los hedge funds, en la generalidad de las ocasiones tienen a perpetuar planes orientados en inflar artificialmente el valor de las acciones a corto plazo: como la readquisición de acciones (caso Icahn) o la venta de activos estratégicos de la sociedad, sacrificando el rendimiento a largo plazo.
Según Lucian Bebchuk (2013), a contrario de la posición crítica tradicional en la materia, los accionistas activistas pueden contribuir a una mejor gobernanza al disciplinar a la administración. El académico de la Facultad de Derecho de Harvard refuta la tesis que sostiene que el activismo accionarial genera inestabilidad en la empresa a largo plazo, afirmando que, en muchos casos, las intervenciones de los activistas corrigen ineficiencias persistentes dentro de la empresa y promueven una asignación más eficaz de los recursos. Apoya esto un artículo anterior al citado en el que los autores ofrecen evidencia de como, en promedio, las intervenciones activistas mejoran el rendimiento operativo y financiero de las empresas durante periodos prolongados, destacándose además que las sociedades que son objeto de activismo suelen experimentar aumentos en lo pagos de dividendos (Brav et al., 2008).
En los últimos años el activismo accionarial se ha diversificado, abarcando no sólo cuestiones financieras, sino que también relativas a la gobernanza ambiental y social. El suceso más emblemático al respecto es el de Engine No. 1, un hedge fund que desafió la gestión de ExxonMobil en 2021, indicando que su dirección no se alineaba con los desafíos globales de sostenibilidad y que por esa razón la empresa debía adoptar políticas más agresivas encaminadas a la transición energética. A pesar de ser un fondo pequeño (0,2%), Engine No. 1 logró reemplazar a varios miembros del directorio de ExxonMobil, constituyendo ello un triunfo que marcó un hito en la integración de criterios ESG1.
Tomando en cuenta lo descrito precedentemente, puede decirse que este tipo de activismo refuerza la idea de que los accionistas ya no se preocupan únicamente por la rentabilidad financiera inmediata. He ahí que en la discusión actual se suela estudiar el fenómeno del activismo accionarial en conjunto con la teoría del Stakeholders Capitalism, pues los accionistas activistas adoptan actitudes frente a la gestión de la empresa también en relación al medioambiente y demás stakeholders como trabajadores, consumidores y la comunidad. Así, “el activismo ha provocado una evolución en el modelo de gobierno empresarial pues ha dejado de ser un gobierno basado únicamente en cuestiones de mercado y ha pasado a centrarse en cuestiones de base política” (Medem, 2020).
En definitiva, el activismo accionarial ha redefinido las dinámicas de poder dentro de las sociedades cotizadas, enalteciendo el rol de los accionistas como actores clave en el gobierno corporativo. Aunque se ha criticado for fomentar actitudes de corto plazo, la evidencia empírica sugiere que puede crear valor sostenible. De esta forma, a medida que se expande para incluir elementos relacionados con la preocupación ambiental y la responsabilidad social, es probable que su influencia en las empresas y su interés académico continúe creciendo en el futuro.
1Enviromental, Social and Governance, por sus siglas en inglés.
Felipe J. Castro A. 